Por Pablo Lucio – Paredes. Publicado en El Universo. 24-Mar-2012

La revolución ciudadana se basa en inyectar todos los recursos financieros disponibles (petróleo, reservas, préstamos) para generar más actividad económica y que el Estado cumpla su rol de motor esencial. Y dice el Gobierno: qué importa que el Estado sea el gran motor, si los beneficiados son agentes privados. Y es cierto. Si el Gobierno invierte en carreteras lo hace a través de empresas privadas, si paga sueldos son estos individuos los que mueven la economía con sus gastos. Cuando el Gobierno empuja la economía, empuja a agentes privados.

Sin embargo, no deben darse confusiones, una cosa es una economía donde el Estado empuja a los privados; otra cosa, una economía donde los privados por sus propias decisiones generan actividad económica (vía inversión, generación de empleo, etcétera) y el Estado es un soporte que da un marco adecuado (legalidad, seguridad, infraestructura, oportunidades). La diferencia no radica en las cifras económicas (pueden ser incluso similares en ambos casos) sino en el proceso y calidad de las decisiones, evaluadas desde la satisfacción de necesidades reales de la sociedad o generación de procesos creadores de riqueza/bienestar. La esencia de la decisión estatal es doble: por un lado la disponibilidad de recursos, si los hay deben ser utilizados satisfaciendo o no necesidades reales; por otro lado es un proceso centralizado alrededor de un pequeño grupo que establece necesidades y prioridades en base a sus creencias e intereses (unas veces pueden coincidir con necesidades reales de los usuarios y de los que aportan impuestos, otras no … pero usuarios que no pueden abandonar el proceso porque pagan impuestos obligatoriamente y reciben servicios pasivamente). En el sector privado (con todas las imperfecciones que tiene) las decisiones son descentralizadas (millones de decidores), se basan en satisfacer necesidades (conocidas o desconocidas) de los clientes y manejar eficientemente recursos escasos, en base a la rentabilidad, un indicador esencial del buen uso de los recursos frente al grado de satisfacción de los clientes que compran ciertas cantidades a ciertos precios… y pueden abandonar al empresario, dejando de comprarle. Por eso la economía empujada por decisiones privadas genera más bienestar/riqueza que la actividad estatal (insistimos, útil como generadora de entorno).

No es una diferencia de si uno u otro atiende el bien colectivo, porque contrariamente a lo que se quiere hacer creer, el privado también atiende necesidades colectivas: el panadero no vende el pan que a él le gusta, sino el que satisface gustos de sus clientes. Es una diferencia que se palpa todos los días. El Estado tiene miles de empleados que en parte, más allá de su buena voluntad y dedicación, no generan riqueza porque realizan procesos de control o tramitología que frena en lugar de apoyar la satisfacción de necesidades. El Estado realiza mil actividades innecesarias (desde aeropuertos que no son sino elefantes blancos, hasta reparaciones de bordes de calles o cambios de aceras que no se harían si alguien sintiera que pone dinero de su bolsillo) … un Estado enorme es un freno a la generación de bienestar.

Por Julián Gallo | Para LA NACION

La publicidad, en general, tiene una muy ligera influencia en el resultado de cualquier elección. El responsable de la victoria y la derrota siempre es el candidato. Los especialistas en comunicación política le otorgan a la publicidad menos de un 20% de influencia. Pero más allá de este punto, la estrategia y realización de la campaña publicitaria en Internet de Mauricio Macri para la última elección porteña tuvo algunas peculiaridades que me gustaría compartir. Fue, hasta la fecha, la más intensa que se realizó en el entorno político argentino en ese medio por cantidad de piezas, uso peculiar de formatos, frecuencia y secuencia de la pauta y medios en los que pudo verse. Tuvo también un mensaje único que el electorado entendió con propiedad y una parte de él ejecutó. Eso se reflejó en los cientos de miles de visitas al sitio Yolovoto.com, tweets y mensajes en los muros de Facebook con la frase: “Yo lo voto a Mauricio en la Ciudad”.

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Por Gabriela Calderón de Burgos @gabricalderon
Publicado en El Universo en junio 01 de 2011

Imagínese la historia de dos maiceros: Esteban y Juan. Esteban se contentó con el precio inusualmente alto del maíz y se gastó toda la bonanza en una casa nueva, un carro nuevo, viajes y demás consumos personales. Juan, en cambio, aprovechó la bonanza para invertir en tecnologías e infraestructura que aumenten el rendimiento por hectárea en su cultivo.

Durante la bonanza muchos pensaron que a Esteban le iba mucho mejor que a Juan. Pero de repente cayó el precio del maíz. Esteban gastó tanto que hasta se endeudó, además como no había invertido en mejorar su productividad vendía casi el mismo volumen de maíz pero a una fracción del precio de “las buenas épocas”. Juan, en cambio, estaba casi libre de deudas y con el rendimiento más alto por hectárea en la historia de su hacienda, de manera que el precio reducido se compensaba en gran medida con su mayor productividad.

Todo esto no es para sugerir que yo o algún planificador iluminado deba decirle a la gente cómo gastar su dinero –algo así nunca se recomienda en esta columna– sino para ilustrar dos estilos de gobierno: uno que implementó políticas que fomentaron el aumento en la productividad y otro que fomentó solamente el consumo.

¿Nuestro Gobierno es Juan o Esteban? Depende de su definición de inversión. Según la propaganda oficial este Gobierno sería claramente un Juan. “Nunca se ha invertido tanto como durante este Gobierno”. El problema es que esa es la visión estatista de la economía: solo se considera lo que el Gobierno invierte y nunca se les ocurre que tal vez esa no era la inversión que se requería o que el aumento en la inversión estatal no compensa la inversión privada (nacional y extranjera), ni en cantidad ni en calidad, que ha desplazado.

Marcos López, expresidente del Banco Central del Ecuador, indica que mientras que los cuatro gobiernos entre 1998-2006 recibieron 40.870 millones de dólares de ingresos por petróleo e impuestos, este Gobierno recibió entre 2007 y 2010 46.515 millones de dólares. Es decir, en 4 años superó en 5.645 millones de dólares lo que los otros gobiernos recibieron durante 9 años. Durante el primer periodo, se redujo la deuda externa considerablemente y se llegó a acumular un ahorro con una parte del ingreso por la venta del petróleo.

Este Gobierno se gastó ese ahorro, además de los cuantiosos fondos obtenidos por la bonanza petrolera, y ahora está endeudándose. Entre 2009 y 2010 la deuda aumentó de 10.230 millones de dólares (19,7% del PIB) a 13.340 millones de dólares (23,4% del PIB). Este año se espera que llegue a 16.500 millones de dólares, lo que demuestra un crecimiento rápido del endeudamiento incluso en épocas de vacas gordas.

Además, el gasto en salarios públicos aumento en un 96% entre 2007 y 2010 y la inversión extranjera continua prefiriendo a nuestros vecinos (se desplomó entre 2009 y 2010). Finalmente, mientras que la población en edad de trabajar creció en 253.000 personas entre 2010, la Población Económicamente Activa (PEA) se encoge en 145.000.

Cuando caiga el precio del petróleo, se volverá muy evidente si nuestro Gobierno había sido prudente como Juan o irresponsable como Esteban. Por lo pronto, podría empezar a considerar cómo reducir un gasto que es insostenible incluso con un precio alto de petróleo.

Por Hernán Pérez Loose
Publicado en El Universo, Mayo 31 de 2011

Los resultados fueron claros y contundentes. Salvo en una, en ninguna de las preguntas planteadas en la dichosa consulta el voto afirmativo obtuvo más de la mitad de los electores que fueron a las urnas. Ni en términos absolutos, ni en relativos, ni recurriendo a porcentajes o a cualquiera otra fórmula el voto por el SÍ obtuvo el respaldo que la ley exige. Esto lo sabe cualquier alumno de escuela. De nada sirven las letanías verbales, las reglas de tres, las raíces cuadradas o el teorema de Pitágoras. El intento de reformar la Constitución de Montecristi simplemente fracasó.

Pero como buena parte del país ha terminado acostumbrándose a que la fuerza sustituya el derecho (y ahora la dinamita a la justicia), lo más probable es que un buen día aparezcan en el Registro Oficial las reformas constitucionales, y que ante ello ninguna de las instituciones llamadas a vigilar la vigencia de la constitucionalidad hagan algo. Hasta allí no hay nada nuevo.

Lo que importa ahora es saber qué va a hacer la oposición. Qué va hacer la mayoría de los asambleístas frente a los resultados de la consulta; resultados que en buena parte se deben al trabajo valiente de algunos de sus líderes que sin hacerle caso sino a su conciencia optaron por entrar a una contienda donde se sabía que los árbitros electorales estaban en su contra y que todo el andamiaje estatal le era adverso.

¿Van a ser tan ingenuos o miopes los líderes de la oposición de perder en la Asamblea lo que ellos ganaron en las calles y en las urnas? ¿Van a darle las espaldas a sus electores luego del claro mensaje de que ha llegado el momento de detener el tránsito de un sistema autoritario a uno totalitario? Las próximas acciones que adopte la oposición serán decisivas, sin duda.

Sería un error monumental, por ejemplo, creer que el Ejecutivo no abusará de su potestad de vetar la ley de comunicaciones para sacarla a su antojo por más que a su debate concurra un delegado de aquél. De caer en ese juego la oposición habrá endosado a favor del Gobierno el contundente triunfo que ella logró. Lo más sensato sería, entonces, esperar simplemente que el país tenga un gobierno fiel a los valores democráticos, cosa que muy probablemente ocurra en las próximas elecciones presidenciales, para en ese entorno debatir y aprobar una ley en consonancia con los tratados internacionales de derechos humanos.

La otra prueba de fuego que tiene la oposición es si se presta al juego de votar por el delegado que enviaría la Asamblea para la famosa Comisión para Meter las Manos a la Justicia (CMMJ) en la que el Ejecutivo tendrá la mayoría. ¿Van a ser tan naifs los asambleístas de la oposición de alzar sus manos para elegir a una persona que simplemente servirá para legitimar el último asalto a la justicia ecuatoriana?

Los electores estarán atentos. Su voluntad ya fue expresada y ahora dependerá de los actores políticos no traicionarla.

¿Qué tiene que decir la prensa para no ser calificada de corrupta? ¿Qué debe de decir la oposición para no ser calificada de mediocre? El presidente Correa, quien no se cansa de repetir estos calificativos, ha agregado uno nuevo, el de traidor. Este es para los exmiembros de movimiento PAIS que se separan por pensar diferente y por tratar de tener voz propia.

Entiendo que para dejar de ser corrupto, según Correa, la prensa debe de no criticar al gobierno. Lo que la prensa debe hacer para acallar la crítica es día a día esforzarse para hacer periodismo investigativo muy bien sustentado, mostrando lo bueno y lo malo del gobierno y sus funcionarios.

Entiendo que para dejar de ser mediocre, según Correa, la oposición debe de no criticar al gobierno. Lo que la oposición debe hacer es refutar sustentadamente ideas, proyectos, leyes y demás que atenten contra la libertad de las personas. Cualquier iniciativa del gobierno que impulse las libertades y derechos civiles debe ser apoyada.

Entiendo que para dejar de ser traidor, según Correa, los miembros de PAIS no pueden dejar de ser miembros del movimiento y deben acatar sin oponerse a las disposiciones que vengan desde Carondelet. Lo que deben de hacer es tener la valentía de reconocer que esta forma de gobierno es totalitaria y no democrática.

Aupo a la prensa libre e independiente para que sigan investigando y no callando; a los opositores serios a que luchen por la libertad y derechos civiles de quienes los eligieron y representan; y a los miembros de PAIS que reflexionen que después de cuatro años de gobierno lo que buscaban mejorar está ahora peor: mayor concentración de poder y menor espacio para debatir y opinar diferente.

El día 20 de enero, en la sección Cartas al Director de diario Expreso, salió una publicada bajo el título “Pregunta sobre el IESS”. La transcribo.

Pregunta sobre el IESS
José J. Zurita Andrade

Luego de leer las 10 preguntas remitidas por el Presidente Correa a la Corte Constitucional me queda claro algo que: 1) no es una consulta que resuelve los temas de inseguridad, como se dijo que era el objetivo inicial; 2) votar NO en la consulta, no es votar en contra de Correa es votar a favor de la libertad individual de escoger, de triunfar o fracasar, de hacer el bien o hacer el mal. El gobierno no es la mata de la moralidad para decirme o “darme escogiendo” lo mejor para mí.

Un tema que sí merece ser consultado es el de la seguridad social. El IESS no puede ser la caja chica del gobierno; el IESS no puede usar nuestro dinero para estos fines. ¿Por qué no mejor consultar si se está de acuerdo o no en emular el sistema de pensiones de capitalización individual (sistema de AFP) con tanto éxito en Chile y replicado también con éxito en Perú y en más de 20 países alrededor del mundo?

Este gobierno tiene como consigna el cambio, pues esta es una reforma de grandes cambios, esta sí es una verdadera revolución de grandes beneficios para la ciudadanía.

El presidente Correa hizo entrega a la Corte Constitucional la propuesta de Consulta popular para su calificación.

La propuesta contempla dos partes: cinco preguntas de enmienda constitucional; y cinco preguntas sobre temas generales que deberían incluirse en la Constitución si la ciudadanía así lo considera.

Preguntas enmienda constitucional

1.- Con la finalidad de mejorar la seguridad ciudadana, ¿está usted de acuerdo en que la correspondiente ley cambie los plazos razonables para la caducidad de la prisión preventiva, enmendando la Constitución de la República como lo establece el anexo 1?

2.- Con la finalidad de evitar la impunidad y garantizar la comparecencia a los juicios penales de las personas procesadas, ¿está usted de acuerdo que las medidas sustitutivas a la prisión preventiva se apliquen únicamente para los delitos menos graves, enmendando la Constitución de la República como lo establece el anexo 2?

3.- Con la finalidad de evitar conflicto de intereses, ¿está usted de acuerdo con prohibir que las instituciones del sistema financiero privado, así como las empresas de comunicación privadas de carácter nacional, sus directores y principales accionistas, sean dueños o tengan participación accionaria fuera del ámbito financiero o comunicacional, respectivamente, enmendando la Constitución como lo establece el anexo 3?

4.- Con la finalidad de superar la crisis de la Función Judicial, ¿está usted de acuerdo en sustituir el Pleno del Consejo de la Judicatura por una Comisión Técnica compuesta por tres delegados designados, uno por el Presidente de la República, uno por la Asamblea Nacional y uno por la Función de Transparencia y Control Social, para que durante un período de 18 meses asuma todas y cada una de las funciones del Consejo de la Judicatura y pueda reestructurar el sistema judicial, enmendando la Constitución como lo establece el anexo 4?

5.- Con la finalidad de tener una más eficiente administración del sistema de justicia, ¿está usted de acuerdo en modificar la composición del Consejo de la Judicatura, enmendando la Constitución y reformando el Código Orgánico de la Función Judicial como lo establece el anexo 5?

Preguntas consulta

1.- Con la finalidad de combatir la corrupción, ¿Está usted de acuerdo que sea delito el enriquecimiento privado no justificado?

2.- Con la finalidad de evitar que los juegos de azar con fines de lucro se conviertan en un problema social, especialmente en los segmentos más vulnerables de la población, ¿Está usted de acuerdo en prohibir en su respectiva jurisdicción cantonal los negocios dedicados a juegos de azar, tales como casinos y salas de juego?

3.- Con la finalidad de evitar la muerte de un animal por simple diversión, ¿Está usted de acuerdo en prohibir, en su respectiva jurisdicción cantonal, los espectáculos públicos donde se mate animales?

4.- Con la finalidad de evitar los excesos en los medios de comunicación, ¿Está usted de acuerdo que se dicte una ley de comunicación que cree un Consejo de Regulación que norme la difusión de contenidos en la televisión, radio y publicaciones de prensa escrita, que contengan mensajes de violencia, explícitamente sexuales o discriminatorios; y que establezca los criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores o los medios emisores?

5.- Con la finalidad de evitar la explotación laboral, ¿Está usted de acuerdo que la no afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de trabajadores en relación de dependencia sea considerada delito?

Fuente: Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica Andes

El día 13 de enero, en la sección Cartas al Director de diario Expreso, salió una publicada bajo el título “¿Existe la gratuidad en economía?”. La transcribo.

¿Existe la gratuidad en economía?
José J. Zurita Andrade

En el libro “Economía del sentido común -lo que todo el mundo debería saber sobre riqueza y prosperidad-” de James Gwartney, Richard Stroup y Dwigth Lee; se presentan diez elementos claves de la economía para entenderla, pensar como un economista y entender por qué nuestra economía y nuestro mundo trabajan del modo en que lo hacen.

Uno de estos elementos claves lo denominan “no hay tal cosa como un almuerzo gratis”. Las promociones de restaurantes en las que se ofrecen 2×1 o que los niños comen gratis, no existen; sino lo que hay es un traspaso del costo de ese otro platillo o comensal al primero.

El Gobierno ofrece educación y atención médica gratuitas, pero ¿son realmente gratis? ¿el dinero aparece de forma mágica para cubrir estos ofrecimientos? ¿O se cubre con los impuestos de los contribuyentes?

Con el paquete de impuestos propuesto para cubrir el déficit generado para la atención médica gratuita, queda evidenciado que no es gratuita.

La medida de gratuidad de la atención médica hizo que colapse el sistema hospitalario estatal, evidenciando una vez más, que el Estado no es eficiente y que las buenas intenciones no sirven como políticas de Estado.